domingo, 15 de julio de 2018

Pueblos contra las macrogranjas Revuelta rural contra el 'Silicon Valley de los cerdos' en Castilla-La Mancha

Vas por la carretera, por mitad del campo, y un olor nauseabundo te obliga a subir a toda prisa las ventanillas. La escena, común al circular por Lleida o Huesca a causa de los purines, empieza a ser cada vez más frecuente en Castilla-La Mancha. En algunas provincias hay ya bastantes más cerdos que personas. En Cuenca concretamente el doble: 400.000 gorrinos frente a 200.000 habitantes censados. El 'boom' de las llamadas 'macrogranjas' de porcino llevaba años gestándose, pero se ha disparado en el último año.

Decenas de pueblos se han puesto en pie de guerra por los efectos medioambientales y sanitarios que pueden llegar a tener estas explotaciones. En cuestión de meses se han creado plataformas ciudadanas que organizan manifestaciones y concentraciones prácticamente cada semana. Ayuntamientos y particulares han contratado abogados para librar la 'guerra del cerdo' en los juzgados, tratando de frenar la llegada de nuevas explotaciones porcinas, especialmente en las áreas menos pobladas. Las nuevas granjas, de última generación, están casi totalmente mecanizadas y no necesitan apenas mano de obra.

Los vecinos acusan directamente al gobierno del socialista Emiliano García-Page. Recuerdan que, en junio de 2016, decidió incluir la ganadería intensiva en los planes de ayuda para la modernización de las estructuras agrarias, atrayendo las inversiones. Subrayan, además, las relaciones del PSOE regional con Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A., más conocida como Incarlopsa. Se trata de la empresa que más factura de todo Castilla-La Mancha y uno de los grandes proveedores de Mercadona. En Tarancón —Cuenca— está su cuartel general y un matadero cuya ampliación se anunció el año pasado a bombo y platillo. Se invirtieron 40 millones de euros para crecer 16.520 metros cuadrados. Sacrifican casi 11.000 cerdos al día.

Pancarta en una manifestación contra las macro granjas. (Pueblos Vivos)
Pancarta en una manifestación contra las macro granjas. (Pueblos Vivos)
"Antes traían casi todos los animales de Castilla y León", dice Daniel González, ganadero y portavoz de la asociación conquense Pueblos Vivos. "Pero pactaron un plan con la Junta para criar en Castilla-La Mancha, sobre todo alrededor de Tarancón, en Cuenca. Así se ahorran costes de transporte y controlan su producto con explotaciones en las que son accionistas". Desde Incarlopsa rechazaron responder a las preguntas de El Confidencial, pero el propio consejero delegado, Clemente Loriente, admitió durante una entrevista con Radio Tarancón el verano pasado que su objetivo era tener, a medio plazo, entre un millón y un millón y medio de cerdos en cien kilómetros a la redonda del matadero para abastecer sus necesidades. "No veo cuál es el problema", dijo, argumentado que crearía puestos de trabajo e incrementaría las exportaciones a países como China o Rusia.


David Llorente, diputado de Podemos en las Cortes de Toledo, habla de "una trama de intercambio de favores" entre la Junta y la empresa cárnica. Se refiere a dos escándalos recientes. En marzo se supo que Incarlopsa había donado 400.000 euros a la Fundación Impulsa, una organización ligada al PSOE castellano-manchego. Días después trascendía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba al gobierno regional por apartar de su puesto en 2016 a dos veterinarios de la Consejería de Sanidad que habían denunciado reiteradamente el incumplimiento de la normativa de bienestar animal.
El fallo concluía que "la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos". Page salió al paso pidiendo que "no se hable mal" de una de las actividades que más empleo genera en la región. "Hay empresas ejemplares que pueden cometer un error" al igual que "hay funcionarios que pueden cometer un error", comentó en comparecencias públicas.

Manifestación en Villalba. (Pueblos Vivos)
Manifestación en Villalba. (Pueblos Vivos)

Inhalando purines

Para entender por qué muchos vecinos se levantan contra la llegada de nuevas granjas de cerdos hay que irse hasta Albacete, a localidades como Bonete o Balsa de Ves, donde explotaciones ya a pleno rendimiento —destinadas a abastecer los mataderos de Levante— han revolucionado la vida de los vecinos. Los purines, que hasta la fecha se almacenaban en balsas hasta que se rociaban en abanico sobre los campos de cultivo, ha generado problemas respiratorios y ahuyentado el turismo rural, una industria en la que muchas familias habían invertido sus ahorros. Los vecinos temen que se estén contaminando las capas freáticas y los suelos en muchos kilómetros a la redonda. Hablan de fiestas patronales arruinadas por la peste y de ancianas tomando el fresco con mascarilla.
Natividad Pérez, alcaldesa socialista de Balsa de Ves, recuerda la expectación que se generó cuando se anunció la inversión en 2006, que incluía una granja de 2.500 madres reproductoras —con sus respectivas camadas de lechones— y una planta de biogás. "En un pleno del Ayuntamiento apareció el tema. Vino un tipo de traje diciendo que iba a generar riqueza, trabajo, que el pueblo se iba a llenar de niños otra vez. Era un charlatán. Lo cierto es que ese día éramos 222 habitantes censados y ahora somos 136. Nos prometió repoblación y ha sido lo contrario. Dijo que iban a mejorar los caminos y ahora están destrozados, con boquetes, por el paso constante de camiones. De los 17 puestos de trabajo anunciados, se han creado solo cinco y uno de ellos se lo ha quedado la que entonces era la alcaldesa", dice.


Las granjas están ya tan mecanizadas que muchas —casi todas las de cebo— se mantienen con un solo empleado que controla todo a través de un ordenador. "Una sola persona puede estar manejando entre 4.000 y 5.000 cerdos tranquilamente. Como cada granja de cebo tiene dos ciclos y medio, se encarga él solo, en un año, de engordar a 12.000 gorrinos", razona González.
Incarlopsa no tiene granjas propias, pero en enero de 2012 creó una sociedad (ICPOR) a medias con una empresa soriana (Copiso). Actualmente, tienen 200 empleados y en 2017 facturaron 77 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Prometen crear 3.000 empleos "a medio plazo" en toda Castilla-La Mancha. "Las granjas de última generación que promovemos dan trabajo a 60 personas entre empleos directos e indirectos", comentan en la compañía. "Los contratos son fijos indefinidos y priorizamos la contratación de vecinos. También generamos riqueza y dinamizamos la economía", abundan.
Inmaculada Lozano vive en Pozuelo (Albacete), a 1,7 kilómetros de los terrenos donde se proyecta levantar otra macrogranja. "Van a meter 51 naves en la misma finca. En total 140.000 gorrinos viviendo a la vez, en un pueblo de 500 habitantes. Lo primero que nos llama la atención es que estén tan cerca de las casas. El agua del pueblo está ya cerca de no ser potable y tememos que se contamine para siempre. Van a pasar 164 camiones a la semana y ya no es solo el olor, sino las partículas que vamos a estar inhalando y que provocan afecciones para la salud. El proyecto ni siquiera dice qué esperan hacer con los purines, solo que los van a repartir entre los agricultores. Estamos a 30 kilómetros de Albacete capital y muchos vivimos aquí por arraigo o para estar en un entorno. Si traen la granja, algunos acabarán marchándose".

Pancartas contra las granjas de cerdos. (Pueblos Vivos)
Pancartas contra las granjas de cerdos. (Pueblos Vivos)
Los purines son una mezcla de heces y orina de los cerdos, paja de la cama de los animales y restos de pienso. Todo arrastrado por agua y productos de limpieza. "Esta mezcla se fragmenta y se convierte en un auténtico aerosol respirable que emanan líquidos y gases como amoniaco o ácido sulfhídrico, además de la parte solida o materia particulada. Las partículas también pueden contener virus, bacterias, endotoxinas y hongos", dice Jesús Martínez Moratalla, un doctor de la zona que lleva tiempo alertando sobre los riesgos.
El aparato respiratorio, insiste, se convierte en la puerta de entrada de este aerosol. "Se pueden producir distintas patologías: inflamación de la vía aérea, alteración de la función pulmonar, asma bronquial, alveolitis alérgicas extrínsecas, fibrosis pulmonar, neumonías, cáncer… Hay estudios en los se evalúa la función pulmonar entre los vecinos de las granjas y se documenta mayor deterioro cuanto más cerca están a ellas", insiste. Las partículas pasan a la sangre y generan patologías en otros aparatos y órganos a largo plazo. Por si fuera poco, subraya el doctor, el uso masivo de antibióticos en estas granjas propicia la creación de bacterias multirresistentes.

Marcha atrás de la Junta

Desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha son conscientes de que la contestación hace tiempo que dejó de ser cosa de cuatro ecologistas. De hecho, están empezando a dar marcha atrás. "Hemos sido sensibles al movimiento que hay y, de hecho, es inminente la publicación de un decreto donde se duplica la distancia mínima de granjas y núcleos urbanos: se pasará de uno a dos kilómetros de las zonas habitadas", dice Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Ambiente.
También van a limitar las subvenciones a las macrogranjas. "Damos preferencia a la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, las pequeñas explotaciones y el ecoturismo". Portillo en todo caso rebaja la gravedad y subraya que las sensibilidades son muy distintas según a quién se le pregunte. "En un pueblo pueden estar en contra y en el de al lado están a favor porque crea empleo. Los requisitos son cada vez más exigentes para evitar los olores, que no se filtre nada al terreno, etcétera", insiste.

Manifestación en Villalba de la Sierra. (Pueblos Vivos)
Manifestación en Villalba de la Sierra. (Pueblos Vivos)
En general, la Junta defiende la importancia del sector porcino en la región y ofrece datos: un tercio de los jamones serranos que se producen en España proceden de la zona de Tarancón, entre Toledo y Cuenca. "No es solo Incarlopsa, sino que hay otros tres grandes mataderos y muchos secaderos. La industria cárnica da muchísimo dinero y necesita mano de obra. Es una fuente de riqueza tradicional en la zona", comenta Portillo. En su opinión, lo que está ocurriendo en la región no es diferente a lo que pasa en otras zonas de España. "Las granjas de porcino se están trasladando a sitios con menos concentración por una cuestión sanitaria, de aislamiento. En España está aumentando la exportación y hay demanda de terrenos para estos usos. La Junta no las promociona, pero tampoco las puede prohibir".
El cambio de postura de la Junta viene condicionado también por las resoluciones judiciales. "Hasta ahora están siendo favorables, aunque estamos ante una avalancha: el número de proyectos en tramitación es elevadísimo y el camino por los tribunales tarda entre uno y dos años”, dice Pablo Ayerza, abogado especializado en medio ambiente que actualmente lleva tres procedimientos contencioso administrativos contra granjas de porcino en la provincia de Cuenca.
"No se preocupan por los efectos secundarios", argumenta Ayerza. "Hay casos clamorosos como el de Almendros, donde quieren hacer una granja pegada a las ruinas de Segóbriga, uno de los yacimientos más visitados de España. Generalmente se autorizan las granjas sin que se llegue ni a explicar qué piensan hacer con los purines. Tampoco hay un estudio global, del impacto en conjunto. En muchos países europeos se están cerrando este tipo de industrias por los problemas que han generado: olores, insectos, enfermedades, contaminación...".

Matadero de Incarlopsa en Tarancón. (EFE)
Matadero de Incarlopsa en Tarancón. (EFE)
Las plataformas se quejan finalmente de que apenas hay controles, de que nadie vigila que se cumpla la normativa vigente. "Cuando nos reunimos con la Junta admiten, en privado, que no tienen recursos humanos para vigilar cómo se gestionan los purines", asegura Daniel González. "Lo suyo sería que entrase el Seprona, pero hay tantas granjas… La Unión Europea desde este año obliga a los agricultores a enterrar los purines a 20 centímetros con unas púas si quieren cobrar la PAC, pero la maquinaria para hacer eso es muy cara, de manera que se siguen rociando y nadie lo vigila".
Desde la Junta insisten en que la administración no está cruzada de brazos. "Hay un cuerpo de inspectores para las ayudas europeas. Siempre se podría vigilar más, claro, pero los controles existen". Y los responsables de ICPOR, por su parte, subrayan que los purines no son un residuo, sino "un subproducto ganadero" que tiene un valor como abono orgánico. "Además de aportar minerales a la tierra, le da la estructura que no le aportan los abonos inorgánicos", concluyen.

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