El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido una nueva sentencia contra la ampliación de la Zona Especial de Protección para las Aves de la Laguna de El Hito, resolución judicial que solicita la anulación del decreto regulador de esta medida planteada por el Gobierno regional con el objetivo de frenar la construcción del ATC de Villar de Cañas.
En esta ocasión se trata de un procedimiento dirigido por Pilar Martínez Abogados en representación de un propietario de terreno afectado por las limitaciones y restricciones que imponía a sus propiedades e intereses la extensión de la figura de protección de 1.000 a 25.000 hectáreas.
De acuerdo con esta sentencia, a la que ha tenido acceso Voces de Cuenca, el tribunal apunta que la Junta de Comunidades nunca manifestó en los informes exigidos en el procedimiento de evaluación ambiental del almacén nuclear la necesidad de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito; al contrario, redujo paulatinamente su extensión hasta dos meses antes de la aprobación del acuerdo de ampliación, el 28 de julio de 2015, "al constatar la disminución de valor del lugar.
Explica la sentencia que en el informe de impacto ambiental del ATC, de fecha 20 de febrero de 2014, sí que se hacía alusión a la laguna, pero no estima que haya afección directa.
Cuestiona también la sentencia los argumentos utilizados por la Junta de Comunidades para defender el valor ornitológico de la zona, basándose en una versión del IBAS (Important Bird Areas), inventario que identifica la red mínima de espacios a considerar para asegurar la supervivencia y gestión de las especies de aves, que ya no está vigente. Concretamente, el acuerdo de ampliación de la ZEPA se basa en el inventario de 1998 y no en el de 2011, que no incluye la superficie en la que está proyectado el ATC.
El tribunal considera demostrado que la Junta de Comunidades, a través de la aprobación de estos actos, "trata de impedir o perturbar el ejercicio previo y legítimo de la competencia asumida por el Estado" y lo lleva hasta el extremo "de conllevar la obra proyectada, máxime cuando el Estado ha venido ejercitando dichas competencias de forma inmediata y previa, en contraposición a la Junta que ha actuado arbitrariamente, en el sentido de adoptar posturas claramente antípodas en un breve intervalo de tiempo".
"Hemos acreditado una falta de rigor y fundamento técnico-científico en la desmesurada e injustificada ampliación de esta figura Red Natura, que afectó incluso al interés superior del Estado en el correcto almacenamiento de residuos nucleares, como infraestructura de interés medioambiental y para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en la materia" ha matizado la abogada Pilar Martínez, que presentó la correspondiente documentación aportada por el prestigioso catedrático y doctor en ingeniería, Domingo Gómez Orea, y la consultora Melissa.
De este proceso, Pilar Martínez Abogados destaca que "la Junta de Castilla La Mancha adujo haber perdido el expediente que le fue entregado para contestar a la demanda, por lo que hubo que reconstruirlo con el que obraba en otros procedimientos judiciales. Esto no ha impedido el examen del fondo por parte del Tribunal pero, de acuerdo con la ley, limita la capacidad de actuación de la Junta, que no puede introducir cuestiones nuevas, lo que, desde nuestro punto de vista, tiene incidencia en la posibilidad de recursos, que consideramos que no es posible".
El despacho especializado en medioambiente apunta, una vez más, que "pretender ampliar la protección medioambiental en la Laguna de el Hito para impedir la ubicación del ATC en Villar de Cañas fue una resolución polémica y gravosa para las personas, empresas y administraciones, tanto del propio municipio como de los alrededores, puesto que obligó a los afectados a recurrir a los tribunales para defender sus derechos".
Pilar Martínez Abogados recuerda que, en la actualidad, hay una primera sentencia favorable pendiente del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo y otra con dos recursos acumulados, que también está pendiente de salir, interpuesta por varios ayuntamientos y la asociación de afectados bajo la dirección del despacho especializado en medioambiente.
Fuente: www.vocesdecuenca.com
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