El
Gobierno cancela el cierre de las urgencias nocturnas de seis
municipios y conquenses tras las resoluciones del Tribunal Superior en
las que, sin analizar el fondo de las medidas, suspendían este cambio de
horarios de manera cautelar
El
Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la
derogación de la orden por la que estableció el cierre de las urgencias
nocturnas de veintiún Puntos de Atención Continuada (PAC) de la
comunidad dentro del proceso de reorganización de horarios de estos
centros sanitarios.
En la provincia de Cuenca los centros
afectados son los de Villalba del Rey, Mira, Torrejoncillo del Rey,
Honrubia, Montalbo y Sisante, que iban a cerrar a partir de las las ocho
de la tarde. Además, las urgencias de Villanueva de la Jara dejaban de
prestar servicio los fines de semana.
La derogación llega como
consecuencia de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en las que, sin analizar el fondo de las medidas,
suspendían este cambio de horarios de manera cautelar.
El
Gobierno autonómico resalta que los pronunciamentos del TSJCM hacen
"prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se
pretendían obtener con la misma". Además, fundamenta la derogación de la
orden en "la constatación del escaso uso de estos recursos" que
"obstaculiza el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil,
rápida, moderna, racional y efectiva". En ese sentido, defiende que la
suspensión cautelar de las medidas dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia provoca la "desamornización" del sistema global de la comunidad
autónoma.
Por ello, de acuerdo con "los principios de eficacia y
coordinación" en la prestación sanitaria de urgencia, el Gobierno
castellanomanchego considera necesario dictar esta nueva orden, que
deroga la anterior y que entra en vigor hoy mismo.
La decisión se
toma "sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar
la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de
salud, con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos,
humanos y materiales, sin que por ello se comprometa la calidad de la
asistencia sanitaria de la población y siempre persiguiendo el interés
general y la máxima protección del bien jurídico que constituye la salud
como bien constitucionalmente protegido".
La Consejería de
Sanidad reitera que la reorganización territorial y funcional del
servicio de urgencias se basó en estudios técnicos y agilizaba la
asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas mediante
la ubicación de unidades de soporte vital con personal sanitario,
"respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos,
inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente".
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